Un trágico accidente de tren en General Roca y una ley encajonada para sectores vulnerables

Las autoridades policiales confirmaron que, en la mañana del pasado viernes, un hombre que se encontraba en situación de calle perdió la vida, tras ser embestido por el tren en el barrio Padre Alejandro Stefenelli, en General Roca.

El accidente de tren ocurrió alrededor de las 10:00 horas y provocó la muerte de un “hombre mayor de edad, en situación de indigencia y emergencia social, que se encontraba durmiendo sobre las vías y no alcanzó a advertir a la locomotora”, expresaron fuentes policiales.

Cabe destacar que, el fatal hecho ocurrió a 1.500 metros detrás del Roca Rugby Club y que, aunque las autoridades trabajaron sobre las vías del tren hasta el mediodía del viernes, por el momento, no se pudo determinar la identidad de la persona fallecida.

El accidente, los números y una ley en suspenso

El suceso en General Roca se da en el marco de una ley encajonada desde marzo en el Congreso que tiene como premisa: “Garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”, según indica la iniciativa presentada por el diputado oficialista, Federico Fagioli.

Asimismo, hace una semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hizo público el reporte del nivel de pobreza e indigencia que sufre el país con datos del primer semestre del 2021.

En este sentido, se registró que 4 de cada 10 personas viven por debajo de la línea de pobreza, es decir, el 40,6 % de la población del país, lo que representa alrededor de 11,7 millones de personas que apenas alcanzan la canasta básica familiar.

En tanto, cuando se miden los niveles de indigencia, es decir, se calcula sobre aquellas personas que no alcanzan a cubrir ni siquiera las necesidades básicas. Este grupo, según el Indec, representa un 10,7 % de la población, que sería casi 3,1 millones de personas.

Con estos números y la infinidad de hechos prevenibles en la comunidad más vulnerable de la sociedad, el proyecto de ley propone actuar en dos grandes medidas básicas. En primer lugar, en la identidad de las personas en situación de calle y en segundo lugar, comprender la problemática e intentar reubicar a los ciudadanos con el apoyo sanitario y social correspondiente.

La medida contempla el derecho a la identidad, señaló Fagioli, por lo que el Estado deberá facilitar el trámite de los documentos necesarios de las personas, como el DNI, partida de nacimiento, pasaporte y CUIL.

En cuanto a lo más difícil de abordar, la medida abarca el derecho de acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos, de los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo y vivienda, por lo tanto, organismos como el Ministerio de Desarrollo Social y el INDEC deberán trabajar en conjunto para hacer a la política abarcativa.

Además, el proyecto busca establecer la creación de una red nacional de Centros de Integración Social, los cuales serán de acceso voluntario y funcionarán las 24 horas los 365 días del año; promoverán la integración social con el objetivo de respetar las características propias de las personas y de los grupos familiares.

Asimismo, proveerán tanto prestaciones básicas de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados primarios de la salud, como espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral, adaptados a los conocimientos e intereses de los destinatarios, entre otros puntos, destaca el documento.

Finalmente, la iniciativa incluye además un artículo en el que se señala que, en los dos años posteriores a partir de la vigencia de la ley, se suspendan los desalojos.